La Comisión por la Memoria y Justicia de los Obreros Textiles de Luis Viale recordó ayer martes a las seis víctimas del incendio ocurrido en el extaller clandestino hace 17 años, ubicado en el barrio porteño de Caballito, y para presentar el proyecto de ley de expropiación del inmueble para destinarlo a Sitio de Memoria contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Laboral.
Luis Fernando Rodríguez Palma, boliviano, padre de Harry Rodríguez Gómez (3 años) que murió en el incendio, manifestó a Télam su apoyo al proyecto de expropiación para “que no vuelva a ser propiedad” de los dueños del extaller clandestino y que no vuelva a ocurrir “esa forma de lucrar”.
“Fui el único querellante en el juicio que condenó a Luis Sillerico Condori y Juan Manuel Correa, los capataces. Están supuestamente con arresto domiciliario, pero no lo están cumpliendo”, sostuvo y agregó que “los dueños de la fábrica no fueron condenados”.
En mayo de 2019 el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro 27, dictó el sobreseimiento de los empresarios Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler por considerar que no se pudo probar que conocieran la situación de reducción a la servidumbre en el taller textil y por extinción de la acción penal.
La diputada nacional, Mónica Macha (FdT), quien estuvo presente en el acto, presentó en abril de este año el proyecto que declara de utilidad pública y “sujeto a expropiación, en los términos de la ley 21.499, el inmueble” en Luis Viale 1269/71, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar en el que se produjo la denominada “Masacre del Taller de Luis Viale” en el año 2006.
La iniciativa fue elaborada de manera conjunta con las sobrevivientes del incendio.
La edificación existente en el inmueble expropiado “debe conservar los elementos testimoniales que hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria colectiva, que se debe preservar, contra la trata de personas con fines de explotación laboral”.
“Como trabajadores textiles se organizaron para pelear contra el trabajo precario, la explotación laboral, para reclamar por condiciones dignas de trabajo y exigir justicia por la masacre”, señala la iniciativa.
El 30 de marzo de 2006 se desató un incendio en la planta superior del taller, por un desperfecto eléctrico, y murieron seis personas que no pudieron escapar por el humo.
Las víctimas fueron Juana Vilca (25 años, embarazada), Wifredo Quispe (15 años), Elías Carabajal (10 años), Rodrigo Carabajal (4 años), Luis Quispe (4 años) y Harry Rodríguez (3 años).
Allí, habitaban unas 65 personas -más de la mitad, niños y niñas- llegadas desde el Cantón Cohana, un pueblo distante a unos 100 kilómetros de la Paz, Bolivia, y trabajaban en condiciones de explotación laboral y sin medidas de seguridad.
En general se trabajaba 14 horas por día de lunes a viernes, y 5/6 horas el sábado y se les daba a los trabajadores alojamiento y comida para ellos y sus hijos.
Al momento del incendio llevaban cinco meses sin cobrar el arreglo informal y precario al que habían llegado, detalla la iniciativa.
