El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, suscribió hoy dos nuevos acuerdos de solución amistosa sobre los femicidios de Florencia Albornoz y Analía Soto, dos casos ocurridos en la provincia de Buenos Aires que se encuentran bajo análisis del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (Cedaw).
“Con la firma de estos acuerdos, el Estado reconoce su responsabilidad internacional porque no se tomaron medidas adecuadas para evitar que los femicidios de Florencia y de Analía sucedieran, cuando existían claras denuncias previas de las víctimas. Los acuerdos procuran la reparación individual de las familias, pero sobre todo el compromiso de adoptar garantías institucionales para que casos como estos no vuelvan a repetirse”, señaló Pietragalla Corti en un acto desarrollado en el Archivo de la Memoria ubicado en el predio de la ExEsma.
En el caso de Analía Aros Soto, el Estado reconoce responsabilidad porque el tratamiento del caso por los/as funcionarios/as policiales y del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires no evidenció tener en cuenta las obligaciones que surgen de los tratados internacionales de derechos humanos.
Analía fue asesinada el 21 de marzo de 2017, por su expareja, en la ciudad de Mar del Plata, y previamente había presentado una denuncia por maltratos contra su agresor, pero la Comisaría que la recibió se demoró más de 48 horas en elevarla a la Fiscalía para que solicitara una restricción de acercamiento.
En ese lapso, Analía fue asesinada, y luego del crimen, el Ministerio Público no investigó las responsabilidades de los funcionarios policiales involucrados en esa omisión.
Florencia Albornoz resultó asesinada el 17 de enero de 2010 por su ex pareja, un policía que prestaba servicios en una Comisaría de Quilmes.
El Estado argentino reconoce su responsabilidad, toda vez que falló el deber de prevención al poner al cuidado de una víctima de violencia por motivos de género, a la misma comisaría en la cual trabajaba su agresor.
Además, luego del femicidio, la sentencia judicial de condena contuvo varios estereotipos con los que se buscó atenuar la pena, justificando, de algún modo, el accionar del femicida.
El funcionario sostuvo que, para las autoridades del Gobierno nacional “es muy importante poder llevar adelante esta reparación simbólica, que puede reparar muchas vidas de acá en adelante”.
Estos acuerdos se enmarcan en “una política inédita de soluciones amistosas y reparación a las víctimas en la República Argentina que se viene desarrollando desde el inicio de la actual gestión de la Secretaría de Derechos Humanos”, indicaron voceros de la Secretaría.
En concreto, hasta 2019 se habían firmado 25 acuerdos de solución amistosa y tres de cumplimiento de recomendaciones, y desde 2020 se firmaron otros 39 acuerdos ante organismos internacionales de derechos humanos.
Entre las temáticas abarcadas en los acuerdos firmados ante el Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos, se destacan los casos relativos a derechos de las mujeres y diversidades, se indició desde la Secretaría de DDHH.
Participaron del acto las familias de Analía y Florencia, además de la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz; el director de Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Javier Salgado y la directora Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Secretaría, Gabriela Kletzel. También estuvieron presentes el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Matías Moreno; la subsecretaria de Salud Mental, Consumos problemáticos y Violencias de la Provincia de Buenos Aires, Julieta Calmels, la directora Provincial de Políticas de Género y Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Romina Cutura y la subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género, Carolina Varsky.
Además, asistieron los abogados que brindaron asistencia jurídica para llevar adelante el reclamo, Christian Berndt Castiglione y Mario Candia Falcón, quienes agradecieron la actitud del equipo de la Secretaría de DDHH que representó al Estado argentino y subrayaron “la posición empática con la que se encaró la discusión en el comité Cedaw y el ejemplo que eso implica para el derecho internacional”.
Los acuerdos de solución amistosa son mecanismos que permiten resolver denuncias ante los órganos internacionales y regionales de protección de derechos humanos mediante consensos entre la parte peticionaria y el Estado.
