El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (Cedaw) felicitó hoy a la Argentina por lograr el cumplimiento total de un acuerdo de solución amistosa con una sobreviviente de violencia de género, informó la Secretaría de Derechos Humanos.
A través de un documento, el Comité Cedaw decidió cerrar la petición presentada por Olga del Rosario Díaz, madre de tres hijos que estuvo casada durante 36 años con su expareja, quien ejerció violencia de género.
“Aplaudimos a Argentina por reconocer públicamente su responsabilidad internacional y pedir disculpas a la señora Del Rosario Díaz, reconociendo la violación de sus derechos”, dijo Hilary Gbedemah, abogada miembro del comité Cedaw.
“Este es un avance positivo del país, que ha visto cambios significativos en su sistema judicial y político”, dijo Gbedemah, y agregó que “también demuestra cómo los casos presentados ante el Comité también pueden desencadenar una solución amistosa y garantizar reparación a las víctimas”.
En la comunicación internacional N° 127/2018 del Comité Cedaw, se había denunciado al Estado por incumplir sus obligaciones para prevenir hechos de violencia de género contra Díaz, en especial la tentativa de femicidio que sufrió el 24 de marzo de 2017 a manos de su expareja.
A raíz de este hecho, la mujer terminó internada en terapia intensiva durante 45 días.
Si bien la víctima había realizado una denuncia poco tiempo antes, al momento del ataque no contaba con ninguna medida de protección.
Por este motivo, en agosto de 2020 se aprobó mediante el Decreto N° 679 el acuerdo firmado entre el Estado y la Defensoría General de la Nación, en representación de Díaz.
A su vez, la Secretaría de Derechos Humanos, a través de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en materia de Derechos Humanos, estuvo a cargo de coordinar las acciones para la implementación del acuerdo.
De esta forma, entre 2020 y 2023 se realizaron una serie de acciones que “permitieron la ejecución integral de los compromisos oportunamente asumidos”, indicó la secretaría.
Entre ellos, se encuentra la atención y reparación económica de la víctima, un acto público de reconocimiento de responsabilidad y pedido de disculpas, y la confección de un registro público de denuncias contra magistrados por situaciones vinculadas con violencia de género.
También se elaboró la guía “Principios Generales de Actuación en Casos de Violencia Doméstica”, dirigidos a los operadores del Poder Judicial y la capacitación a magistrados y a personal policial, entre otras medidas.
Esta experiencia demostró que los Estados “pueden estar a la altura de sus obligaciones internacionales de derechos humanos, con medidas de reparación individual y garantías de no repetición”, concluyeron desde la secretaría.
