Legisladores y ambientalistas, proponen derogar la ley por la cual se autorizó incinerar la basura en la Ciudad de Buenos Aires.
La idea sería derogar la modificación que se agregó a la ley llamada “Basura Cero”, que autorizaba a la incineración de los residuos dentro del ámbito de la ciudad.
A raíz de esto, es que se reunieron los legisladores porteños de bloques opositores con un grupo de ambientalistas y decidieron tomar el compromiso de “lograr los consensos necesarios” con el fin de lograr la derogación de la modificación a la ley de “Basura Cero” que permite incinerar residuos en la Ciudad de Buenos Aires.
Leandro Halperín, legislador del bloque UCR-Evolución, fue el primero en debatir durante el encuentro, y dijo: “El daño al medio ambiente es una violación a los derechos fundamentales“.
Asimismo agregó que “Nuestro bloque votó en contra de la modificación, pero hay que convencer a aquellos que están a favor y buscar acuerdos. Cuentan con nosotros y nosotras para hacerlo”.
La modificación a la Ley 1.850 llamada “Basura Cero”, se realizó en la Legislatura Porteña, en mayo de 2018, al aprobar la 5.966, por la que se permite la combustión de residuos sólidos urbanos para recuperar energía.
En octubre de 2019, Elena Liberatori, jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, declaró inconstitucional la ley de incineración, entre otros puntos, ya que no se había cumplido con el procedimiento de doble lectura y Audiencia Pública, que se deben realizar, según las normativas ambientales en la Ciudad.
La ley 5.966 finalmente se suspendió, mediante el fallo de la jueza, como respuesta a un recurso de amparo colectivo que presentaron diferentes organizaciones ambientalistas y cooperativas de recicladores urbanos.
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, apeló ese fallo y ahora debe expedirse la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad.
Debemos entender que el método de incineración de residuos es en la actualidad utilizado de manera complementaria en algunos países de Europa como España, Francia, Alemania y Holanda. Este es uno de los argumentos que esgrime el oficialismo para impulsar dicho método. Adrede omiten que la Comisión Europea desalienta la construcción de estas plantas y según fuentes de Greenpeace, “vamos a contramano. Es cierto que Europa tiene plantas de este tipo. Pero, en enero de 2017, la Comisión Europea recomendó que los países que no tienen plantas no las construyan, y convocó a cerrar las existentes”. Del mismo modo advirtió que “la industria ve que les cierran las puertas en Europa, y miran a América Latina y Asia. Están haciendo punta en México, donde quieren instalar la planta incineradora más grande, y ahora en Buenos Aires, que es la entrada para que se replique en el resto de Argentina”.
También hay quienes se oponen al proyecto son los miembros de la CTEP, la organización que lidera Juan Grabois y que agrupa a los trabajadores informales. La rama de Cartoneros, carreros y recicladores agrupa a más de 5500 personas solamente en la Ciudad, a los que se suman los informales. “Se pierde el incentivo que tienen los gobiernos en separar los residuos si tienen un horno que quema todo”.
Más allá de este trabajo uno de los aspectos más preocupantes de este método es la liberación de dioxinas que provoca. Las dioxinas son químicos potencialmente cancerígenos y altamente contaminantes. Fueron utilizadas por EE.UU en su intervención militar en Vietnam. Hoy en día estos químicos siguen produciendo estragos en la salud de vietnamitas. Los expertos advierten que los hornos de incineración emiten estas dioxinas. Es conocido el caso de Canadá, donde una planta modelo de incineración de residuos debió cerrar uno de sus hornos, tras menos de un año de funcionamiento, por emitir 12 veces la cantidad mínima establecida de dioxinas. No menos grave es el hecho de que la naturaleza de la incineración produce como contraparte grandes cantidades de cenizas que tienen un destino incierto para su disposición al final de todo.
En el recinto, en pleno debate, Lucía Cámpora del Frente de Todos, señaló: “Es una cuestión de justicia social, ya sabemos dónde se instalarían las plantas incineradoras y quiénes serían los principales afectados: los sectores más vulnerables”. Y agregó: “Nuestra tarea será alcanzar los consensos necesarios para derogar de una vez por todas la ley de incineración de basura y pensar hacia adelante todo lo que tenemos que mejorar en materia de residuos”.
En el mismo sentido, Alejandrina Barry, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), sostuvo que “La incineración de basura contamina y destruye empleos”, y aclaró que es necesario garantizar a los recicladores urbanos, quienes realizan una “tarea fundamental”, tengan condiciones seguras de trabajo.
