En los últimos días, la polémica en la Ciudad de Buenos Aires estalló luego de que el Jefe de Gobierno porteño reconociera la prohibición en el distrito del lenguaje inclusivo en espacios educativos de distintos niveles. Miles de docentes, familias y usuarios en redes sociales alzaron su voz y se manifestaron en contra de la medida, que estuvo acompañada por el visto bueno que dio la Ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, que hoy lunes aclaró que podían caber sanciones para quienes se negasen a cumplir con lo dispuesto.
La noticia de la semana, además, es que en medio de la polémica en CABA, dos diputados presentaron un proyecto en la Legislatura bonaerense para prohibir el lenguaje inclusivo en la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa la llevan adelante los diputados Guillermo Castello (Avanza Libertad) y Matías Ranzini (Juntos por el Cambio) y abarca al Estado y todo el sistema educativo bonaerense. Esto implicaría suprimir el uso de expresiones que incluyen la “e”, la “x” o el “@”, también en documentos del Estados.
Dentro de los fundamentos aparecen explicaciones tales como que “se pretende evitar distorsiones o deformaciones lingüísticas que conspiren contra la adecuada compresión de lo que se quiere comunicar, como así evitar expresiones que resulten impronunciables verbalmente”.
Ambos consideraron que “el uso del lenguaje inclusivo representa una posición claramente minoritaria de la sociedad, que de ningún modo puede reconocerse como una evolución espontanea del lenguaje y sostuvieron que el lenguaje oficial debe facilitar la publicidad de los actos de gobiernos. A pesar de que Castello explicó que no tiene problema de que la gente hable en inclusivo, mandarín o sánscrito en su vida privada, está en contra de que el Estado imponga un lenguaje no oficial por medio de organismos públicos y escuelas.
