El Grupo de Trabajo tiene como prioridad fortalecer los canales de diálogo y consenso existentes y consolidar una agenda anticorrupción a nivel regional.
La estructuración de la agenda del encuentro dio continuidad a la labor desarrollada por el GEPLC a lo largo de los últimos meses, concentrando la atención en las experiencias e iniciativas que los Estados miembro generosamente compartieron en pos de seguir acrecentando los vínculos regionales.
La apertura estuvo a cargo del Dr. Félix Crous, titular de la OA, quien destacó “el empeño demostrado por nuestros mandatarios en reforzar los diálogos para encontrar soluciones compartidas a problemáticas comunes y donde la coordinación de políticas públicas se vuelve prioritaria”. Estas acciones pretenden “contribuir a la consolidación de un espacio que defienda nuestros propios intereses y que sea capaz de mostrar el liderazgo a nivel internacional que podemos ejercer”.
Crous expresó además que “como presidentes de este grupo de trabajo, hemos encarado la tarea de dar cumplimiento al mandato recibido de nuestros predecesores y desarrollar un conjunto de documentos sobre principios generales y buenas prácticas que contribuyan a una visión común y a la puesta en práctica de estrategias coordinadas que apoyen los esfuerzos nacionales en la prevención y control de la corrupción que nos afecta como región”.
La lectura del orden del día estuvo a cargo de Luis Pereda Trejo, director general de Percepción Internacional de la Corrupción de México.
Seguidamente, la directora de Relaciones Institucionales de la OA, Deborah Hafford, quien estuvo a cargo de la moderación de la reunión, realizó una breve exposición sobre el proceso de elaboración conjunta de los cuatro Documentos aprobados por consenso en el Plan de Trabajo del GEPLC 2021: “Los documentos que nos había legado la presidencia mexicana fueron redactados desde el inicio por la presidencia argentina estructurando los temas centrales en base a consultas periódicas con los Estados miembro”, destacó. La funcionaria de la OA hizo hincapié en que las acciones que han sido desarrolladas y compendiadas, “están disponibles como un menú de acciones y herramientas que cada uno de nuestros países puede ofrecerle a los otros miembros del Grupo, de manera que se puedan replicar instrumentos concretos y sean así aprovechados, según los contextos nacionales”.
En el Primer Panel se llevaron a cabo las presentaciones relacionadas al Documento I: Principios para el Fortalecimiento de la Ética y de la Integridad en el Servicio Público y al Documento II: Principios para el Fomento de la Integridad Empresarial.
En el primer caso, tomó la palabra la República de Ecuador a través de la subsecretaria de gestión de la Política Anticorrupción, la Sra. Vanessa Gutiérrez donde expuso sobre la participación de su Estado en el marco de la Mesa Redonda de Alto Nivel sobre Corrupción a Gran Escala en el Ámbito Internacional.
En el marco del segundo Documento, la Sra. Dálida Acosta Pimentel, coordinadora general de Ciudadanización y Defensa a Víctimas de la Corrupción de México, disertó sobre Integridad empresarial y buenas prácticas en su país y luego, Marco Antonio Pérez Ruiz, coordinador de género global para la Región Andina de la Alliance for Integrity, compartió su experiencia con las alianzas multiactor (público-privadas) que fortalecen la integridad en el sector económico.
Por su parte, Luis Villanueva, subsecretario de Planificación de Políticas de Integridad de la OA realizó una intervención basada en el eje “políticas públicas para la incorporación del sector privado en la prevención de la corrupción” donde contó sobre el Sistema de Monitoreo de Actividades Privadas y Públicas Anteriores y Posteriores al ejercicio de la función pública (MAPPAP). “Sabemos que las convenciones internacionales incorporan al sector privado como un actor relevante al momento de pensar políticas públicas. Venimos de un paradigma que se centraba en el sector público y hacían hincapié en las cuestiones conductuales de las personas”, dijo el funcionario y agregó que “hoy sabemos que la corrupción es un fenómeno que se puede originar en los dos lados del mostrador, podemos trabajar en regulaciones pero lo cierto es que muchas de las cuestiones se dan en las vinculaciones entre empresarios y gestores públicos”.
En función de ello, la OA impulsó la creación de la plataforma MAPPAP, centrada en las personas y sus vinculaciones que “focaliza en las actividades privadas antes y después de la función pública. Las personas cuando llegan a la función pública vienen con sus antecedentes laborales, vinculaciones personales y cuando dejan la función pública vuelven al ejercicio de su competencia laboral por lo que se pueden producir fenómenos como el de la puerta giratoria, la captura de la decisión pública por parte de algunos sectores privados, y conflictos de intereses de escala individual y masivos que hacen tomar el control de la decisión de política pública”, contó Villanueva. “Es una plataforma de transparencia activa donde todos y todas pueden ver en formato de declaración jurada los antecedentes y tipos de gestión en el ámbito privado de las personas que llegan al cargo” lo que permite “el control no sólo nuestro sino de toda la sociedad”.
Luis Villanueva también mencionó al Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE) que en su desarrollo inicial tomó como antecedente al Padrón de Integridad de México y que se encuentra en proceso de elaboración de una segunda etapa. “Estamos trabajando en componentes de género, derechos humanos y medioambiente, porque coincidimos en que la integridad no se agota en un mero caso de corrupción sino que ser íntegro implica necesariamente el respeto a los derechos humanos, un compromiso a la no discriminación y al cuidado del medioambiente”, enfatizó el subsecretario de la OA.
El segundo panel tuvo como eje presentaciones en el marco del documento: Compendio de Mecanismos de Participación Ciudadana para el combate a la Corrupción. Aquí compartieron sus prácticas y experiencias los Estados de Costa Rica, Chile y Paraguay. En primer lugar, Armando López Baltodano, procurador director de Ética Pública, de la Procuraduría General de la República de Costa Rica explicó las acciones y mecanismos que se encuentran a disposición de los ciudadanos para el combate a la corrupción. Luego, David Zavala Sanhueza, analista de la Unidad de Estudios y Datos de la Contraloría General de la República de Chile, relató la construcción participativa de la primera Estrategia Nacional Anticorrupción de su país desde finales de 2019 por parte de la Contraloría General. Por último, Giselle Minardi Laterra, directora de Asesoría Jurídica de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) de Paraguay expuso sobre los mecanismos de Participación Ciudadana desarrollados e implementados por la SENAC, en particular el nuevo Plan Nacional de Integridad y Transparencia (2021-2025) y el Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2022 .
Durante el último panel, en el que se planteó una reflexión conjunta sobre los próximos pasos del Grupo de Trabajo en 2023, los funcionarios presentes consensuaron en darle continuidad en la agenda de trabajo al eje temático “Integridad Empresarial”, incorporando como subtema – a solicitud de México- el de “Beneficiarios finales”. La presidencia argentina destacó el trabajo estructurado y técnico del Grupo en la producción de los documentos que se encontrarán disponibles en la web de la OA, y propuso además la posibilidad de avanzar hacia la construcción de una plataforma digital, de acceso público, que contenga aquellos desarrollos e instrumentos, tales como las estrategias nacionales anticorrupción, fácilmente exportables y compartibles con otros actores y de actualización periódica.
