Se presentó un amparo en contra del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque las escuelas privadas discriminan a niños con discapacidad.
Las escuelas comunes privadas, que se encuentran en la ciudad de Buenos Aires, “rechazan sistemáticamente” la inscripción y reinscripción de niñas, niños y adolescentes debido a su discapacidad, y “el gobierno porteño omite controlarlas y sancionarlas”, por esto motivos se ha realizado la denuncia.
Según los dichos de una madre: “Ya nos ganó el tiempo, por más que en su momento nos dirigimos a unas 80 escuelas en CABA y me haya comunicado con unas cinco aproximadamente en Provincia. Desafortunadamente no hay escuelas comunes que lo reciban”.
Este es uno de los numerosos casos donde ocurre lo mismo: niñas y niños rechazados escuelas comunes privadas por motivos de discapacidad. Por tal motivo, se presentó una demanda contra el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad.
Cabe recordar que una de las funciones que tiene el Ministerio de Educación es la de controlar y sancionar a las escuelas, sin embargo, “no adopta las medidas necesarias para asegurar el acceso de las/os alumnas/os con discapacidad a escuelas privadas comunes”.
Así “el Gobierno de la Ciudad tolera y agrava las violaciones sistemáticas del derecho a la educación inclusiva. Actualmente, no existen mecanismos efectivos e independientes que permitan a las personas con discapacidad y sus familias reclamar frente a un rechazo de matriculación basado en la discapacidad, ni se imponen sanciones a las escuelas comunes de gestión privada que discrecionalmente lo hacen”.
Es importante saber que la reglamentación, prohíbe el rechazo de la inscripción o reinscripción de un/a estudiante por motivos de discapacidad, tanto a nivel nacional como la de la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, los organismos internacionales de derechos humanos siempre fueron concretos en cuanto a que las escuelas, incluidas las privadas, deben respetar el derecho a la educación inclusiva y que los Estados tienen la obligación indelegable de garantizar que efectivamente lo hagan.
Natacha mamá de Iñaki, cuando advirtió que ninguna escuela privada estaba dispuesta a aceptar a su hijo debido a su condición, decidió acudir a la Dirección de Educación de Gestión Privada (Diegep) para pedir ayuda. “Ahí fue que comprendí por qué los colegios actúan tan impunemente” además, “Para la Diegep era una situación normal y aceptable. Hasta me dejaron entrever que en realidad no era bueno mandar a un chico con discapacidad a una escuela común. Al solicitarles información de escuelas para Iñaki, me pasaron solo datos de escuelas especiales. Las autoridades no tienen claro qué es la educación inclusiva”, relata con agustia mezclada con impotencia.
Siguiendo los relatos, “Aunque el Ministerio de Educación porteño tiene entre sus funciones la de controlar, fiscalizar y sancionar a las escuelas, no adopta las medidas necesarias para asegurar el acceso de los alumnos con discapacidad a escuelas privadas comunes”, explica ACIJ en su comunicado. Y agrega: “De este modo, el gobierno de la Ciudad tolera y agrava las violaciones sistemáticas del derecho a la educación inclusiva y en esto están haciendo agua desde hace mucho tiempo”.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) emitió un comunicado, donde aclara que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires presentaron ante la justicia un amparo colectivo contra el Ministerio de Educación de la Ciudad, a cargo de Soledad Acuña, solicitando que se adopten las medidas necesarias para evitar los rechazos de inscripción por motivos de discapacidad en escuelas comunes de gestión privada.
Celeste Fernández, coordinadora del área de Discapacidad y Derechos Humanos de ACIJ, comenta, “La justicia tiene la oportunidad, pero también el deber, de revertir esta situación obligando a las autoridades porteñas a ejercer su función de control y a diseñar e implementar políticas públicas adecuadas para que los estudiantes con discapacidad puedan acceder en igualdad de condiciones a la escuela común, primera condición para el efectivo ejercicio de su derecho a la educación inclusiva”, concluye la especialista en discapacidad.
Natacha, madre de Iñaki y testigo en la causa reflexiona, “Si no incluimos a chicos con discapacidad en las escuelas de educación común, los chicos que no tienen esa condición no conocen las diferencias y cuando salen del colegio se vuelven personas intolerantes”.
En la denuncia se plantea que “la justicia tiene el deber y la oportunidad de revertir esta situación obligando a las autoridades de CABA a ejercer su función de control y a diseñar e implementar políticas públicas adecuadas para que las/os estudiantes con discapacidad puedan acceder en igualdad de condiciones a la escuela común, primera condición para el efectivo ejercicio de su derecho a la educación inclusiva”.
