El bloque del FdT de la legislatura porteña, le pide a Horacio Rodríguez Larreta, acceso a internet para los barrios vulnerables de la capital.
En este sentido, la legisladora María Bielli, le volvió a pedir al Gobierno de Larreta, que realice una inversión y extienda la red para que llegue a los sectores más postergados.
En la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el bloque de legisladores, perteneciente al Frente de Todos (FdT), le reclamaron que al Gobierno Porteño, que se ocupe de llevar acceso a internet a los sectores más postergados.
En tanto, la legisladora María Bielli, reiteró el pedido para que “el Gobierno de la Ciudad haga una inversión y amplíe la red de fibra óptica para que de esa manera los barrios vulnerables puedan estar conectados”.
Asimismo, la diputada porteña se opuso a la propuesta del gobierno de Larreta, de habilitar el regreso a las aulas, únicamente de los chicos de barrios vulnerables que no se pudieron seguir educando durante la pandemia por no tener acceso a internet. “Eso es exponer a los alumnos y a los maestros al contagio”, dijo Bielli.
La legisladora, así se expresaba a través de su cuenta de la red social Twitter: “Hoy internet es el medio por el cual lxs niñxs estudian, las personas laburan y las familias se encuentran.
Las empresas ya habían anunciado aumentos por encima de la inflación.
Necesaria la medida ¿no? Acá un poco de historia reciente sobre las telco en nuestro país”.
Por otra parte, María Bielli señaló que esa propuesta que fuera presentada en abril por su bloque en la Legislatura porteña “era para que la Ciudad de Buenos Aires pudiera ampliar la red de ‘BA wifi’ que existe en subtes, hospitales, espacios públicos, plazas y el centro de la ciudad”.
Además, hizo un detalle sobre el proyecto que contemplaba “esa red, mediante una inversión del gobierno de la Ciudad debía extender la cobertura hacia los barrios populares, los más desfavorecidos por la situación económica que trae la pandemia”.
Según el fallo al que accedió este medio por medio de la ACIJ, la asesora tutelar Ana Cueva Rey solicitó que el GCBA presente una propuesta que garantice el derecho a la educación, ya sea “con la entrega de los materiales didácticos que estime corresponder (cuadernillos, libros, etc.) -y su consecuente seguimiento pedagógico de la trayectoria del alumnado- y/o mediante la entrega de los elementos tecnológicos pertinentes para que puedan acceder a los servicios virtuales brindados por el GCBA“, aprobando el procedimiento para la entrega en préstamo de dichos medios para alumnos en el marco del Plan Sarmiento BA (resolución n° 4271/MEGC/17)”.Las medidas solicitadas que luego fueron aprobadas por el magistrado porteño son mientras rija la suspensión de clases presenciales por las medidas adoptadas en el marco de la pandemia COVID-19 en nuestro país como en el mundo.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, señaló que, a raíz de la suspensión de la modalidad presencial en el dictado de clases, el seguimiento de la trayectoria escolar de niños, niñas y adolescentes se realiza a través de diferentes plataformas tecnológicas, “de whatsapp, de correos electrónicos, de blogs, etc.”, puntualizando, que el vínculo entre los educandos, sus familias y el sistema educativo “requiere para ser eficaz y universal un despliegue de recursos de infraestructura (concretamente dispositivos digitales y conectividad) en el ciento por ciento de la comunidad educativa”. De acuerdo con Asociación Civil, se busca por un lado reconocer el acceso al internet como “un derecho fundamental para los seres humanos”, no sólo por razones ociosas o de consumo, sino también porque es un derecho conexo a otros como el de la educación o la libertad de expresión, así como también poder dar continuidad pedagógica en el contexto generado por el aislamiento social obligatorio en la República Argentina.
Como dice la nueva norma, “Toda la normativa relativa al derecho a la educación, tanto internacional, como nacional o local, se estructura en base a un eje fundamental, como es el derecho a la igualdad de oportunidades y al principio de gratuidad”, remarcó por su parte el juez Gallardo, quien invocó además el artículo 28 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño que, entre otros puntos, señala que “los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención”, concluye.
En caso en que la cantidad de solicitantes sea mayor a la de los dispositivos actualmente disponibles o hubiera impedimentos técnicos a efectos de cumplir con lo ordenado, el GCBA deberá presentar en autos en plazo de cinco días, una propuesta de entrega prioritaria de los equipos existentes, y un plan para atender la demanda insatisfecha. Por estas horas, la diputada aclaró que, de ese modo, los alumnos “iban a poder seguir estando conectados con los docentes, y seguir teniendo ese vínculo pedagógico que es tan importante y que, cinco meses después, recién ahora, el Gobierno de la Ciudad pretende darle una respuesta, exponiendo a estos chicos y a los trabajadores”. Sin embargo, el proyecto no se trató. Motivo por el cual 6.000 alumnos quedaron fuera del sistema escolar vigente.
“El gobierno porteño debe combatir las necesidades estructurales que persisten en la CABA y las provocadas por la pandemia. Por lo que necesitamos que priorice la inversión en aquellos que más lo necesitan” señaló la diputada María Bielli.
