La Legisladora porteña María Sol Méndez, del bloque Confianza Pública en el interbloque oficialista Vamos Juntos, impulsa una ley para crear Centros Comunitarios de Reinserción Social (CCRS), destinados a la población afectada por el consumo problemático de sustancias psicoactivas. En caso de aprobarse la ley, se instalaría, al menos, uno por Comuna. Los barrios de Almagro y Boedo integran la Comuna 5.
Está orientado a la población afectada por el consumo problemático de sustancias psicoactivas. En el presente, por el barrio funcionan varios grupos de Narcóticos Anónimos.
En Boedo funcionan varios grupos de Narcóticos Anónimos (NA). Por caso, hay reuniones varios días a la semana en Grupo Boedo, en Metan 3648. En los alrededores está el espacio Puerto Libertad, ubicado en avenida La Plata 286, y Si Querés Podés, en Quintino Bocayuva 144. Ambos están al sur de Almagro. También funciona el Grupo de trabajo Carlos Gardel para reducción de daños en adicciones. Funciona en el Centro de Salud y Acción Comunitario N° 45, en la calle Cochabamba 2622 de San Cristóbal.
En cuanto al proyecto de ley de Méndez, se expone: “Los CCRS serán espacios abiertos y gratuitos destinados a lograr la reinserción social de quienes hubieran padecido esta problemática, potenciando su crecimiento personal, y aportando herramientas para la generación de un proyecto de vida propio. Para el cumplimiento de dicho objetivo, se promoverán acciones que tiendan a: Generar una cultura de prevención de las adicciones a través de la socialización, educación e información; generar oportunidades que permitan disminuir la brecha social para los sectores más vulnerables; asistir a los concurrentes desde una perspectiva física, psíquica, jurídica y social; fortalecer la autoestima de las personas que han padecido alguna adicción; posibilitar el intercambio de experiencias con otras personas en situación similar; favorecer la formación de líderes barriales, como protagonistas en el campo preventivo de consumo de sustancias psicoactivas; dotar a las personas de herramientas que posibiliten la reinserción en el mundo académico y/o laboral”.
Según esta iniciativa, los CCRS “serán espacios abiertos de contención, recreación, socialización, formación, capacitación, asistencia y acompañamiento personal para los individuos que se encuentran afectados por el consumo problemático de sustancias, así como para sus familiares”. También “deberán contar con personal especializado, que acompañe a los asistentes y sus familiares en el proceso de reinserción a la sociedad; trabajarán de forma interdisciplinaria y priorizarán la atención en grupos reducidos, los cuales se organizarán según la franja etaria de sus participantes; contarán con un equipo interdisciplinario de organización que, desde un posicionamiento sociosanitario e inclusivo, organice, tome decisiones, formule y proponga modos de intervención que favorezcan y enriquezcan los procesos para lograr la mayor reinserción posible; brindarán a todas las personas que asistan, espacios de formación y capacitación que promuevan el desarrollo de sus habilidades a fin de lograr su inserción en el mundo educativo y/o laboral; dictarán talleres y/o cursos con el fin de impulsar la creatividad, el desarrollo cultural, deportivo y artístico de los asistentes, para potenciar el proyecto de vida de cada participante; articularán sus acciones con los programas o dispositivos que trabajen sobre la problemática, ya sean organismos pertenecientes al sector público, privado y/o del tercer sector (ONG); intervendrán en los casos junto con actores locales, ya sean organizaciones políticas, civiles, religiosas y la comunidad en su conjunto”.
“La localización de los CCRS será determinada por la Autoridad de Aplicación, debiendo existir como mínimo uno por Comuna de la Ciudad de Buenos Aires, y resultando prioritaria su ubicación dentro de los barrios más vulnerables. La atención de los CCRS será diurna y se procurará la mayor amplitud posible de horario, incluyendo los fines de semana”, añade el proyecto de ley.
A la hora de defender esta iniciativa, la legisladora de Confianza Pública expone: “Es indispensable la presencia efectiva del Estado en la atención de esta problemática socio-sanitaria, ya que la misma involucra a la totalidad de la sociedad, y hoy en día resulta necesario fortalecer las estrategias preventivas y de políticas que presten asistencia a las personas que padecen este enfermedad, así como a sus familiares y a la sociedad en su conjunto, sobre todo si consideramos que son cada vez más niños, niñas y adolescentes los que se ven afectados, directa o indirectamente, por el consumo problemático de sustancias. Nos encontramos frente a una realidad en la cual existen grandes obstáculos y limitaciones para que la ciudadanía acceda a un sistema de prevención y atención acorde a la gravedad de la problemática”.
“Por ende, y en vistas de lograr disminuir la morbi-mortalidad de los usuarios de sustancias psicoactivas y otras prácticas de riesgo, minimizar el deterioro psico-social, mejorar su calidad de vida, promover el contacto con los servicios sanitarios y por sobre todo promover y garantizar sus derechos humanos y su inclusión social, se vuelve fundamental la regulación inmediata de la Ley N° 2.318, en especial cuando prevé en su Artículo A.2.1 “Impulsar el desarrollo de Unidades Locales de Prevención y Atención a nivel de comunas, que funcionen como Centros de Referencia e integren a miembros de la familia, de la comunidad educativa, de los centros de salud y de las organizaciones sociales”. Sabemos que esta es una problemática grave y compleja, la cual debe ser abarcada desde diversas aristas y con una mirada integral. En este sentido, y con el objetivo de pensar en posibles mejoras a la oferta estatal actual para personas que padecen esta problemática, se plantea la necesidad de pensar en la creación de Unidades que funcionen a nivel de las comunas de la CABA, en consonancia con lo dispuesto por la Ley 2.318, para lograr potenciar una política de prevención de las adicciones ligadas al consumo de sustancias psicoactivas, y brindar herramientas que resultan claves para la socialización y reinserción de aquellas personas, en especial jóvenes, que están saliendo del flagelo de la droga”, añade.
“Estas unidades serán denominadas CCRS (Centros Comunitarios de Reinserción Social) y se constituirán como espacios de referencia, contención, encuentro, formación y capacitación en zonas de alta vulnerabilidad social. El objetivo de estos Centros será disminuir la brecha social existente y lograr empoderar y brindar oportunidades para el logro de un proyecto de vida propio a uno de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad”, concluye la legisladora porteña María Sol Méndez.
