La Asociación de Personal de Plataformas de deliverys, rechazó el proyecto que se presentó en la legislatura para regular su actividad.
Desde APP (Asociación de Personal de Plataformas), advierten que la iniciativa “intenta flexibilizar los requisitos de funcionamiento de las plataformas, habilitando expresamente el trabajo autónomo e imponiendo multas y requisitos discriminatorios contra los trabajadores”.
En este sentido, la APP cuestionó este hoy el proyecto que presentó el oficialismo en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de darle un marco regulatorio a la actividad de las plataformas de deliverys y de los repartidores, al asegurar que “impone multas y requisitos discriminatorios contra los trabajadores”. Por otra parte, aseguran que el proyecto exime a las empresas de proveer los elementos de seguridad para circular, como el casco y la indumentaria reflectiva.
Desde la asociación dieron a conocer un comunicado, donde denuncian que “Proponen legalizar las aplicaciones e imponerles todas las cargas a los repartidores”, luego de conocer el inicio del tratamiento de un expediente, impulsado por el bloque de Juntos por el Cambio, que busca ordenar la actividad de las plataformas digitales y los repartidores.
Asimismo, manifestaron que evaluaron desde la asociación, la iniciativa “intenta flexibilizar los requisitos de funcionamiento de las plataformas, habilitando expresamente el trabajo autónomo e imponiendo multas y requisitos discriminatorios contra los trabajadores”.
Por otra parte, señalaron la coincidencia de la presentación del proyecto en la legislatura, al mismo tiempo que el Ministerio de Trabajo nacional, presentó una iniciativa para crear una ley que, que apuntaría al reconocimiento de una relación laboral entre los trabajadores con las plataformas que incluiría salario fijo, límite de horas, descansos, vacaciones, licencias e indemnización por despido.
Esta clase de aplicaciones retienen actualmente entre un 25% y 35% más IVA del pedido y el nuevo techo sería del 15%, con IVA incluido, según la iniciativa que impulsa el diputado Santiago Roberto del Frente de Todos. Las empresas marcaron su rechazo. Desde Glovo, dijeron que existen diferentes rangos de comisiones, que dependen de la cantidad de sucursales, el volumen de ventas y la antigüedad en la aplicación, entre otros factores. Además, consignaron que “la comisión actualmente abonada por los comercios resulta una inversión que cubre los costos básicos de los beneficios recibidos, los comercios logran mayor exposición y aumentan sus ventas”, explicó enfáticamente.
Según un estudio de mercado publicado por la consultora Focus Market sostiene que el uso de las aplicaciones de delivery aumentó un 400 por ciento desde el comienzo del aislamiento. En el mismo período, un 15 por ciento de los locales gastronómicos de la Capital Federal debió cerrar sus persianas de forma definitiva, por este motivo la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés, pidió una regulación para uno de los pocos canales de ventas que sus socios puede utilizar. “Las comisiones que nos están cobrando son imposibles de pagar. Un 15 por ciento parece más razonable”, indicó Ariel Amoroso, presidente de la entidad. En respuesta, desde una de las firmas de reparto expusieron que gran parte de esos ingresos son destinados a solventar el ingreso de repartidores y los altos costos de call center que reciben incesantemente los pedidos online.
Si bien los plazos de cobro son otro punto de discusión. Amoroso explicó, “Tardan hasta treinta días en pagarnos, es como si nos estuvieran cobrando un 5% de comisión extra”. En este aspecto, los legisladores exploran un acuerdo con los bancos públicos para que reduzcan la demora en el reembolso de los pagos con tarjetas de crédito. Otro de los puntos que cuestionaron desde APP, es el que hace eje en la propuesta de la Legislatura para la creación de un Registro de repartidores dado que con ello, indican, “se busca equiparar nuestro trabajo al de un servicio público, como si transportáramos personas o material químico”, concluyó.
“El proyecto pretende que renovemos anualmente una habilitación, y para eso vamos a tener que patentarnos nosotros, comprar los elementos de seguridad y cumplir varios requisitos como si fuéramos microempresarios”, y además “exime de responsabilidad a las empresas de plataforma y traslada todas las obligaciones y requisitos al repartidor”.
