Luego de conocerse el pedido de amparo para declarar inconstitucional al ILE, se presentó en la Justicia un Amicus Curiae en su apoyo.
El viernes pasado se presentó ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 3, un amicus curiae, en favor de la Resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la Nación que actualiza el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”.
María Alejandra Muchart, Presidenta del Partido Demócrata Cristiano de la Ciudad de Buenos Aires, y Ernesto Ricardo Lamuedra, postulante al cargo de Defensor de las niñas, niños y adolescentes, fueron los que presentaron el amparo para declarar inconstitucional la Resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la Nación, el 13 de diciembre pasado.
Un dato importaste es que, en nuestro país, el aborto no punible es legal desde 1921 por tres causales: riesgo de vida de la mujer, riesgo en la salud y violación
El Amicus Curiae está firmado por las legisladoras Laura Velasco y Cecilia Segura (Frente de Todos); la titular de la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos (CADH), Cintia Mónaco; y la directora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, Viviana Mazur.
La iniciativa de tal presentación judicial, fue de Laura Velasco, legisladora del Frente de Todos (FdT), y se lleva a cabo dentro del marco de la reunión que se realizó la semana pasada en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, organizada por la Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito.
En el encuentro realizado por los legisladores y legisladoras de distintos bloques, sobre la agenda para el año 2020, con la finalidad de generar la adhesión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al protocolo nacional para la aplicación de la ILE. En relación a este asunto ya fue presentado un proyecto de ley, elaborado por el Frente de Todos.
A su vez en el escrito presentado acompañamos fundamentos basados en el ordenamiento jurídico local, sus normas y principios, los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, los pronunciamientos de los organismos internacionales creados para monitorear su vigencia y las recomendaciones de las instituciones de mayor autoridad en materia sanitaria, como la Organización Mundial de la Salud, con el objetivo de defender la vigencia tanto del protocolo nacional como de la disposición de ANMAT que permite la venta de misoprostol en farmacias de todo el territorio nacional.
Como se sabe, expresamos que dar marcha atrás con cualquiera de las dos disposiciones sería contrario al principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos, y que podría lesionar de manera irreparable el derecho humano a la salud de las mujeres y personas gestantes de nuestro país. Ambas disposiciones no son sino la expresión de una política pública sanitaria que tiene como fin facilitar el acceso a la prestación de un servicio esencial que debe ser garantizado por el Estado Nacional.
Consideramos que la acción presentada es solo otro intento de estas organizaciones de obstaculizar el derecho al acceso a la interrupción legal del embarazo, tal como lo hicieron ya a nivel local. Vale recordar que el amparo intentado por Portal de Belén en nuestra provincia fue rechazado por el TSJ el año pasado. Cuesta creer que a esta altura tengamos que seguir defendiendo derechos tan básicos en los tribunales. El acceso al aborto legal por causales es un derecho desde 1921. Los organismos internacionales de derechos humanos han recomendado al Estado argentino de manera repetida que facilite el acceso a la práctica en condiciones de seguridad, e incluso le han indicado que revise su regulación, aprobando el proyecto de ley relativo a la interrupción voluntaria del embarazo, como opción individual.
Sin embargo, todos los pronósticos indican que el año que viene el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo volverá a tener tratamiento legislativo. Luego de tantos años de lucha, es inminente la salida del aborto del Código Penal.
La sanción de una ley de IVE significará un avance en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes, fundamentalmente de los derechos relacionados a la salud sexual y reproductiva y al reconocimiento de su libertad y autonomía.
La legisladora Laura Velasco, explicó cuál es el objetivo del Respecto del amicus curiae: “Ante la situación de que hay sectores antiderechos que iniciaron una causa para frenar la resolución para la aplicación del protocolo para abortos no punibles, decidimos impulsar, por un lado, un proyecto de ley en la Legislatura para que la Ciudad adhiera, pero también apoyar al Ministerio que encabeza Ginés González García en esta política pública a través de esta presentación judicial, porque entendemos que es un tema de derechos humanos de mujeres y personas gestantes, una causa de salud pública y de justicia social, porque son siempre las más pobres quienes más sufren las consecuencias de los abortos clandestinos”.
